El Partido Popular de Villanueva de la Serena vaticina que la vía judicial está «cada vez más cerca» para la resolución del contrato de reforma del Mercado de Abastos. «El conflicto está servido», sostiene Manuel Lozano, portavoz del PP villanovense, que cree que el informe solicitado por el Ayuntamiento no va a satisfacer a la empresa adjudicataria. «Se pide un informe a dos de las tres partes», dice sobre este documento encargado a la dirección facultativa externa y al técnico municipal responsable. «Lo que digan estas dos partes es difícil que encaje con la tercera que, además, es la que ha puesto dinero y no ha cobrado», argumenta Lozano sobre este nuevo paso en unas obras que acumulan varios meses de inactividad.
El portavoz popular entiende que este informe «no va a ser objetivo y será poco riguroso». Por este motivo, durante la comisión, el PP propuso que este procedimiento se solicitara a la Comisión Jurídica, órgano de la Comunidad Autónoma especializado en temas de contratación.
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Además, en la rueda de prensa celebrada este miércoles, se remiten a la última Junta de Gobierno en la que se relatan aspectos «muy graves» a juicio del PP. «Se da a entender que hay obras hechas que no están autorizadas, con unos plazos que se han excedido y donde no se ha respondido a las peticiones realizadas por la propia empresa», explica Lozano que añade que el acta «recoge información de los técnicos donde se habla de la imposibilidad de legalizar obras que se han hecho sin estar contratadas».
Fuera de la ley
Como otro agravante, el PP ha dado a conocer este miércoles un informe emitido por la Secretaría del Estado de Política Territorial, encargada de la gestión de los fondos europeos con los que se ha financiado parte de la obra. Un documento que establece que la primera prórroga que se concedió a este contrato «fue ilegal». Así, concluye que cuando se adoptó el acuerdo en la Junta de Gobierno ya no era posible prorrogar el anterior plazo puesto que esto debía aprobarse antes de la fecha de finalización del contrato. «A partir de ese momento, todo lo hecho en el contrato está fuera de la ley», asegura Manuel Lozano.
Este informe, remitido en julio a la Mancomunidad Don Benito-Villanueva, ratifica asimismo «una reducción de un 25% en la aportación que iba a hacer el Estado para esta obra». Así, explica el portavoz del PP, de un gasto declarado para esta obra de algo más de 2 millones de euros, «359.000 euros no los admiten y, por tanto, son 1.649.000 euros de esta certificación lo que la Administración va a poder recuperar».
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El PP exime de responsabilidad a los funcionarios y carga las culpas al equipo de Gobierno que, este pasado lunes, eludía dar una nueva fecha para la posible apertura del remodelado Mercado de Abastos. «A nosotros nos da miedo pensar en esa fecha; si esto llega a judicializarse, podemos olvidarnos de los plazos con las consecuencias que eso tendrá», concluye Manuel Lozano.
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