El PSOE rechaza en el Pleno el recurso interpuesto por Vox
El PP se sumó al concejal que rechaza el acuerdo del pasado mes de abril para un reconocimiento extrajudicial de algo más de 150.000 euros
El grupo municipal socialista tumbó este miércoles el recurso de reposición interpuesto por Vox contra un acuerdo de pleno en el que se aprobó el ... reconocimiento extrajudicial de crédito de dos cuantías, una de algo más de 20.300 euros y la otra de unos 131.800 euros. Un punto que quedó desestimado con los votos favorables del equipo de Gobierno y en contra de PP y Vox. Cabe recordar que uno de los gastos se relaciona con una cuantía de algo más de 80.000 euros durante cinco meses consecutivos al comprar combustible a un proveedor sobre el que ya no existía contrato alguno.
«Se ha cometido una infracción importante y tiene que tener sus responsabilidades que se tienen que depurar», argumentó en su intervención Andrés Oliva, concejal de Vox, que añadió que solicitarán que en la resolución del recurso se incorporen las medidas a adoptar solicitamos en la resolución que se dé al recurso, se haga expresión de las medidas a adoptar «por la exigencia de esas responsabilidades a autoridades y personal municipal». Asimismo, indicó que no le parecía suficiente «que pongan como excusa que van a pedir asesoramiento a Diputación».
Asesoramiento de Diputación
No obstante, por parte de María Lozano, portavoz municipal, se justificó este reconocimiento extrajudicial como procedimiento extraordinario «que está contemplado y puede hacerse, se realizó para que los proveedores pudieran cobrar». Además, explicó que se ha solicitado la asistencia y asesoramiento a Diputación para la realización de un documento con medidas correctoras internas «para mejorar la ejecución del gasto y que se evitar este procedimiento, medidas que contribuyan a evitar esta situación».
Por parte del Partido Popular, Juan Ramón Rayego justificó el voto favorable de su grupo asegurando que, de lo contrario, se infringirían «hasta tres normas del código de Contratación del Estado». Además, entiende que el debate en este caso es «por las posibles responsabilidades penales y civiles devenidas por la contratación sin autorización y saltándose la mínima regla de este código».
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